Con alarma en la exposición de los últimos resultados de la encuesta bicentenario Universidad Católica y Adimark se señala la correlación entre estos y los últimos datos de fecundidad en Chile que muestran una intensa caída de la tasa de natalidad, alcanzando a 1,9 hijos por mujer. Cifra que se encuentra por debajo de la llamada “tasa de reposición”, es decir; de lo necesario para renovar la población actual (2,1 hijos por mujer).
De hecho me acabó de dar cuenta que estoy bajó la tasa de reposición en mi aporte a la sobrevivencia de la especie. Aún cuando con dos hijas me doy por satisfecha y feliz.
Las principales razones expuestas en la encuesta por las mujeres para no tener más hijos son de orden económico bastante obvias asumiendo el sistema de bienestar o de insipiente Estado de Protección Social existente en Chile, por tanto, la sorpresa de los resultados no parece tal:
Tener hijos hace más difícil que la mujer trabaje 53%,
Los niños son difíciles de mantener 51%
Como se puede observar las razones son de orden material y no espiritual o valórico, ni menos asumiendo una postura posmoderna de parte de nuestras mujeres.
Lo mismo se puede observar cuando se consulta por las razones para contar con familias pequeñas, donde la que obtiene mayoritariamente la primera mención es de orden material:
Es mejor tener pocos hijos, pero darles una educación de calidad 77%.
El corolario de los datos anteriores termina con la siguiente consulta ¿Usted considera que Chile es una sociedad que apoya a las mujeres para tener hijos o que no las apoya?
Donde sólo un 29% afirma que se las apoya en contraposición con un 43% que afirma que no.
Con tan solo estas tres preguntas y sus principales resultados se puede asumir que el principal argumento para no tener más hijos e hijas en Chile actualmente tiene relación con motivos económicos y materiales:
Tener hijos hace más difícil que la mujer trabaje, precisamente por esta premisa Chile presenta las menores tasas de inserción laboral de la mujer de América Latina. A pesar de que sabemos que el ingreso femenino es fundamental para salir de la pobreza, así como también vivimos el que tener hijos y trabajar tiene una serie de cortapisas partiendo por un pos natal breve, la discriminación en las Isapres, las jornadas de las salas cunas y jardines infantiles no acordes con la realidad laboral, a pesar de lo que avanzó el gobierno de la Presidenta Bachelet en aumentar su cobertura aún tenemos importantes trabas en relación a los horarios de atención y a sus costos asociados a las mujeres de clase media.
Los niños son difíciles de mantener, sin duda que la vida tiene un costo el tema es quien se hace cargo de él. En una sociedad de desigualdades como la nuestra. Donde obtener prestaciones de calidad y oportunidades tiene un costo que es asumido directamente por las familias, las que en esta sociedad de riesgos como señala Beck están menos dispuestas a asumir costos que no saben si podrán sustentar en el tiempo.
Es mejor tener pocos hijos, pero darles una educación de calidad, este resultado ratifica el anterior, la principal forma de asegurar oportunidades a futuro a nuestros hijos e hijas es a través de una buena educación y sabemos que en el Chile desigual de hoy esa buena educación existe prácticamente sólo a un alto costo.
Frente a la última pregunta del apoyo de Chile a la maternidad y su negativo resultado se obtiene la última obviedad y el desafío para futuro. Lo primero es que Chile no apoya a la maternidad no sólo porque la lógica de libre mercado no tiene porque hacerlo, o porque las insipientes medidas de protección social no llegan a hacerse cargo de ello, sino también, porque no hablamos de cómo compartimos la maternidad como sociedad, como país. Donde el Estado tiene un rol esencial, este no es un tema sólo de las familias, o de las mujeres. No es un problema individual. Sino que es un tema societal, el Estado debe asumir un rol en la protección social mayor, así como también incentivar cambios culturales que permitan que los hombres y mujeres que conforman esta sociedad compartan sus roles en el cuidado de los hijos e hijas y de las tareas domésticas.
Mucho se ha escrito y seguramente queda mucho por escribir y por leer sobre los resultados de la última elección presidencial que terminó por entregar el poder a la derecha en Chile luego de 20 años de gobiernos de la Concertación.
Ahora entramos en un proceso de culpas múltiples que van de aquí para allá, el diputado Burgos y el Presidente del PRSD Meza culpan a la Presidenta y al Gobierno, el Presidente de la DC Diputado Latorre culpa al PS y su fragmentación, el Presidente del PS Senador Escalona culpa al resto de los Presidentes de los partidos políticos y ensalza el férreo respaldo del PS al candidato y a la Presidenta.
Y nadie ha sido capaz de asumir con humildad e hidalguía sus propias responsabilidades. Seguimos actuando con arrogancia y soberbia cuando ya lo perdimos todo.
A mi juicio, el error más grande en todo este proceso fue haber puesto como prioridad la existencia de la Concertación por sobre la posibilidad de mantener el gobierno y no haber escuchado lo que la ciudadanía venía diciendo desde el año 1997, pasando por el 2000, continuando con la elección de la Presidenta Bachelet el 2006 y quienes estuvimos en las calles para las municipales 2008. El mensaje era claro hace rato. Pero solo nos miramos el ombligo.
Porque creían que le tocaba a la DC sin ni siquiera preguntarle a la ciudadanía y eso daría continuidad a la alianza más exitosa de la historia de Chile. Como si no importara que candidato se escogiera la ciudadanía nos iba a apoyar igual.
Tengo rabia, tengo pena no es posible que nuestra Presidenta mujer y socialista le entregue la banda presidencial a Piñera.
Es cierto no tenemos medios de comunicación, tampoco organización social, ni sindicalización, ni cambiamos el binominal, ni la Constitución Pinochetista, ni el modelo neoliberal, ni muchas cosas más.
Pero hay que pararse, estructurarse y organizarse.
Tenemos que hacerlo, porque Chile no merece y nosotros no queremos a la derecha 20 años en el gobierno. Porque los he visto cuando llegan a los municipios y no los sacas nunca más, porque he conocido como generan “pan y circo”, clientelismo y asistencialismo y una aparente gestión eficiente, así como también sus prácticas antidemocráticas y su prepotencia.
Hagamos el duelo, paguemos las culpas, miremos para adentro pero también para afuera y sumemos en vez de restar.
Quiero un Chile con justicia social, con más derechos para todos y todas y ese proyecto no estará en el gobierno en marzo del 2010.
El resultado electoral de las elecciones 2009 en la comuna de Ñuñoa entrega importantes conclusiones con miras a la segunda vuelta. Si bien, los análisis electorales deben ir más allá de los números e incorporar otras variables políticas, en esta ocasión me basaré sólo en los resultados numéricos para tener una aproximación del trabajo ha desarrollar durante la segunda vuelta electoral de enero 2010 en nuestra comuna.
Gráfico nº1: Número de Votos en las últimas elecciones en la comuna de Ñuñoa[1]
En relación a la votación Presidencial, en primera vuelta (columnas rojas del gráfico), se puede constatar que la elección presidencial 2009, es el peor resultado de la Concertación, no sólo a nivel nacional, sino que también a nivel comunal.
El candidato Ricardo Lagos, en el año 1999 obtiene 50.921 votos en Ñuñoa, correspondiente al 46,51% (1,45% menos que su promedio nacional, el cual fue de 47,96%). La candidata Michelle Bachelet obtuvo 46.129 votos correspondientes al 43,61% el 2005 (2,35% menos que su promedio, el cual fue de 45,69%). En las actuales elecciones, la votación del candidato Eduardo Frei disminuyó a 25.743 votos, con el 24,34% (5,26% menos que su promedio nacional de 29,60%).
Si bien, en esta ocasión, se presentaron dos ex miembros de la Concertación del sector progresista como candidatos presidenciales (Jorge Arrate y Marco Enríquez Ominami), la ciudadanía asumió una división de la Concertación y una suerte de primarias en la primera vuelta. La comparación de resultados porcentuales de la votación del candidato Eduardo Frei a nivel nacional y comunal, deja en evidencia un problema de rendimiento en Ñuñoa.
En relación a la elección de Diputados (columna celeste del gráfico), llama la atención que la votación obtenida en el año 2009 en Ñuñoa por el pacto Concertación-Juntos Podemos haya disminuido en 5.473 votos, a la votación obtenida en igual elección por la Concertación sola durante el año 2005, cuando los candidatos que competían pertenecían a la Democracia Cristiana y al Partido Socialista. Al tiempo que, si se considera el potencial de esta alianza al sumar los votos Concertación y PC del año 2005, se obtienen durante el 2009 14.986 votos menos.
Sin embargo, si se suman los votos de los candidatos presidenciales representantes de estos dos pactos Eduardo Frei (25.743) y Jorge Arrate (12.138) se obtienen 4.923 votos menos en la Presidencial que en la Parlamentaria[2]. Los cuales se inclinaron por otro candidato presidencial, lo más probable que por Marco Enríquez Ominami. De esta forma, se puede señalar que para lograr una mayor eficiencia electoral los candidatos parlamentarios fallaron en realizar el debido acoplamiento con sus candidatos presidenciales. Especial atención se observa en la votación del Diputado Jorge Burgos quien alcanza 6.533 votos más que su candidato Presidencial, camarada de Partido y vocero de su comando Eduardo Frei. Relación inversa se aprecia en la votación del candidato Juntos Podemos Más Alvaro Cabrera que obtiene 1.610 votos menos que su candidato Presidencial Jorge Arrate.
El momento de las conclusiones profundas sobre ciertas decisiones no es el actual. Así como tampoco éste es el espacio para sugerir los pasos a seguir por las dirigencias partidarias o del equipo de campaña del candidato presidencial para mejorar su rendimiento electoral y llevarnos al triunfo. En este momento y en este paper he querido visualizar cuántos son los votos que se pueden recuperar para ganar la elección en segunda vuelta en la comuna de Ñuñoa.
Históricamente las votaciones en segunda vuelta en Ñuñoa muestran según los datos 2000 y 2006 que se recuperan entre 3.893 (Lagos) y 8.228 votos (Bachelet) pertenecientes en la primera vuelta a los candidatos del Juntos Podemos (Marín el 2000 y Hirsch 2005).
El piso de la votación a recuperar en esta elección de segunda vuelta presidencial se basa en la votación obtenida por la Concertación en la elección a Alcaldesa 2008 (superior en casi mil votos a la votación de todos los concejales de la Concertación) y la votación del Diputado electo durante la última elección parlamentaria Jorge Burgos las cuales son similares y representan atraer al menos 6.500 votos a Eduardo Frei. (Columna arcoíris en el gráfico).
Si se busca el óptimo a recuperar sedebería considerar la votación obtenida por los candidatos parlamentarios de la lista Concertación y Juntos Podemos 2009, es decir, recuperar casi 10.000 votos para la candidatura de Eduardo Frei.
Sin embargo, con ese óptimo no se gana la elección y se obtiene un número similar al peor rendimiento parlamentario de la Concertación en la comuna, por tanto, el objetivo es lograr el techo, que es el número de votos obtenidos por la Concertación durante las parlamentarias del año 2005. Lo que significa sumar 22.534 votos nuevos para el candidato Eduardo Frei. Aún así no se gana la elección en la comuna pero se estaría avanzando a lograr ese objetivo a nivel nacional.
Por tanto, la campaña a nivel comunal requiere como primera medida de un fuerte compromiso en terreno del diputado electo Jorge Burgos. Dos, un trabajo mancomunado de la Concertación en Ñuñoa más el Partido Comunista y los liderazgos locales existentes en la calle conversando con los vecinos y vecinas. Tres, incorporar a aquellas personas que estuvieron con la Concertación en el pasado y que en la primera vuelta votaron por el candidato Marco Enríquez Ominami y cuatro, desarrollar un trabajo electoral fino analizando mesa por mesa y comparando los resultados de otras elecciones de modo de determinar dónde están los votos que se deben salir a capturar.
Por último como colofón, es necesario observar los resultados de las columnas en degradé de rojos donde se aprecian los resultados de las parlamentarias 2005 en la comuna sumando Concertación y PC y la otra donde va la suma de los resultados presidenciales de Frei, Arrate y Enríquez y tenemos un voto constante que no vota por la derecha en la comuna en los años 2005 y 2009.
[2] Cabe señalar que además hay que considerar en este análisis que los votos válidamente emitidos en la elección presidencial fueron aproximadamente 4 mil más que en la parlamentaria.
Los resultados de la elección
del domingo han dejado muchas lecciones, pero, en lo inmediato, también significan
una amenaza horrenda para el país. Sebastián Piñera y la derecha se encuentran
ad portas de alcanzar La Moneda,
y de ese modo controlar, además del poder económico, los medios de
comunicación, la educación privada, la política y la cultura.
La Concertación en su estado
actual ya no es suficiente para hacerse cargo de entregar a Chile la
gobernabilidad requerida. Hay que asumirlo con humildad, pero también con
vigor.
Necesitamos establecer un
frente amplio para lograr gobernabilidad, pero también para desarrollar una
serie de reformas necesarias y postergadas por nuestros gobiernos
concertacionistas, para que de ese modo el país alcance mayor justicia social y
el fortalecimiento de nuestro sistema democrático:
Reforma Tributaria, de modo que efectivamente
quienes más dinero ganan entreguen más recursos al desarrollo nacional y
sus políticas sociales haciendo viable el fortalecimiento del Sistema de
Protección Social.
Nueva Constitución, a través de una constituyente,
como ha sido posible en todos los países donde se ha logrado dicho
objetivo. Hoy sabemos la constitución del parlamento y no da para que sea
el necesario espacio de ese cambio que nos permitirá mejorar nuestro
sistema político, económico, social y cultural.
Reforma al Sistema Educativo, para mejorar calidad
y acceso en todo el ciclo educativo.
Reforma laboral, para fortalecer la
sindicalización y las garantías de derechos a los trabajadores.
Las promesas vacías o el
chantaje emocional sobre el electorado no son mecanismos efectivos. La
ciudadanía quiere hechos y compromisos. Nosotros queremos hechos y compromisos
para salir con fuerza a golpear las puertas de los vecinos y vecinas, para
invitarlos a un proyecto de país distinto al que ofrece la derecha con su
maquillaje de campaña. Tenemos una idea de país distinta y eso hay que dejarlo
muy claro.
Como socialistas hemos
perdido representación parlamentaria tanto en senadores como en diputados.
Felicitó a la compañera Isabel Allende, quien
valientemente fue a dar la pelea a la Región de Atacama y que hoy nos representa como mujer
socialista en el Senado; así también al compañero Fulvio Rossi, en Tarapacá y
Arica, quien nos brinda renovación en la Cámara Alta. Si ellos no
hubiesen luchado por sus cupos y amenazado para lograrlos, lo más probable es que
el resultado final obtenido por nuestro partido sería desastroso.
Nuestros compañeros
comunistas lograron el ingreso al Parlamento, luego de 37 años de exclusión.
Este es un triunfo, pero ahora debemos avanzar en un nuevo frente para
gobernar.
Tenemos que considerar con
humildad lo que los números del domingo nos dicen, menos de un tercio del
electorado apoyó a nuestro candidato, no podemos seguir haciendo las cosas
igual. Tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas, terminar con la pelea
chica y ponernos a la altura de las grandes tareas que tenemos hoy y para las
cuales tenemos el tiempo en contra.
Enviado por Danae Mlynarz Puigel miércoles, 09 diciembre, 2009a las 11:10
Es de Perogrullo decir que el debate
en tiempo de campaña electoral tiende a ser parcial y marcado por el interés de
votos. Sin embargo, aquel referido a los derechos sexuales y reproductivos
continúa sin atender a un delicado problema que afecta a miles de chilenos y
chilenas que desean ‘formar una familia’. Me refiero a la situación de hombre y
mujeres aquejados de infertilidad.
Puede decirse que este tema no
aparece en las encuestas de opinión, pero, razonablemente, una política de
Estado también debe atender a necesidades de minorías. En este caso, el Estado
carece de conocimiento estadístico de la cantidad de personas infértiles, historia,
grupos etáreos, condiciones económicas, etc. Sólo a través de ciertos datos
aislados entregados por clínicas privadas podemos enterarnos de la compleja
situación que enfrenta esta parte de la población. Pero la información es
limitada, pues se refiere a las personas con poder adquisitivo que acuden a
esos centros porque pueden financiar costosas y extensas terapias. Con todo,
según la Sociedad Chilena
de Fertilidad, del 90% de las personas infértiles que consulta a estos
establecimientos, más de la mitad encuentra solución a través de técnicas de
reproducción asistida u operaciones quirúrgicas.
Pero al no contar con una
política pública y marco legal sobre el tema, estas soluciones son un privilegio
y además está sujeta posturas ideológicas de la medicina privada, y en completo
desconocimiento del Estado.
Algunos grupos religiosos aducen que
"los hijos como un regalo, un don de Dios y no
como un derecho de los hombres”, pero, incluso desde esta línea de
razonamiento, ello no significa que la persona no pueda trabajar para merecer
su regalo. Del mismo modo, legislar sobre estas técnicas, para incorporarlas a
los servicios públicos y a la cobertura de la seguridad social, no obliga a
quien esté en desacuerdo a someterse a ellas.
Hoy, la carencia de una ley sobre
fertilización asistida en Chile podría estar facilitando varias prácticas que
en otros países están prohibidas, como la congelación de embriones y la
donación y comercialización de óvulos, lo que constituye otro elemento a
considerar en el debate, cuyo foco debe estar centrado en las necesidades de
los pacientes y en su derecho a la reproducción.
A la fecha, el debate sobre derechos sexuales y reproductivos está limitado a
la ‘píldora del día después’ o las campañas de prevención del sida, con más
peso de posiciones institucionales que de la ciudadanía o los pacientes
afligidos y ausentes en la discusión. La amplia gama de necesidades y problemas
que enfrenta la sociedad en esta materia amerita una discusión profunda. De
momento, Chile no garantiza esta equidad, puesto que
los tratamientos son accesibles sólo para quienes tienen dinero.
Enviado por Danae Mlynarz Puigel miércoles, 25 noviembre, 2009a las 11:09
Las mujeres representamos cerca
del 51% de la población de Chile, pero diversas situaciones mantienen al género
en calidad de “minoría sexual”, debido a 1) la persistente situación de
violencia física y psicológica en que viven miles de mujeres; 2) las discriminaciones
salariales; y 3) la subrepresentación en las esferas más influyentes del poder.
En el primer caso asistimos al
tipo de violencia más flagrante contra la mujer. Desde 2001 hasta la fecha más
de 500 mujeres y niñas han sido asesinadas en Chile. De las 52 mujeres
asesinadas durante 2009, 8 habían denunciado a su agresor y a 4 de ellas la Justicia había otorgado
medidas de protección. Esto evidencia que la cantidad de denuncias y el número
de detenciones y sentencias es creciente, lo que equivale a decir que los
agresores de mujeres circulan libremente, incluso después de haber sido
denunciados por sus víctimas.
Respecto del segundo ítem
mencionado, en días recientes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) evidenció una estadística
que contradice toda imagen de modernidad: las mujeres ganan 30% menos que los
hombres al emplearse en el mismo cargo. En el nivel directivo, el sueldo de la
mujer representa 72% de lo que gana su colega varón, mientras que a nivel
profesional, el salario de una mujer
puede ser del 62% que el de sus compañeros, es decir casi un 40% menos.
Finalmente, el informe del Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer
(Unifem), publicado hace algunas semanas, revela que Chile se encuentra bajo el
promedio de América Latina en cuanto a presencia femenina en el Parlamento.
Desde 1990 a
la fecha, el continente ha pasado del 9% al 17% en el caso de la Cámara Baja; y de 5% a
12% en el Senado, pero en Chile sólo hay dos senadoras de un total de 38
(5,2%); y 18 diputadas, de 120 (15%). Esto muestra cuán lejos estamos de la llamada “zona de paridad”; o
sea, que ni mujeres ni hombres tengan más de 60% de representación.
¿Cuál es la relación entre la violencia de
género, la discriminación salarial constatada o la subrepresentación en el
Poder? El nivel de consenso de las ciencias sociales y la sociedad civil apunta
a señalar que la participación directa de las mujeres en la adopción de
decisiones públicas no sólo es cuestión de justicia democrática, sino también
un mecanismo para asegurar una mejor rendición de cuentas por parte del Estado,
las empresas y la sociedad hacia la mujer, en relación con sus derechos y
dignidad.
La Presidenta Bachelet
ha declarado en días recientes que "los hombres sienten
una atracción fatal por el poder". Más allá de la crítica a nuestra
idiosincrasia, es necesario avanzar en la consolidación institucional de
cambios culturales y consensos ciudadanos, para no quedarnos sólo en el
simbolismo de haber tenido a una
Presidenta.
Luego de casi 4 años de discusión,
Gobierno y Parlamento han consolidado un importante avance institucional para la
protección de los Derechos Humanos en Chile. Me refiero a la aprobación por
parte del Senado del veto de la Presidenta
Bachelet, que modificó el proyecto que crea el Instituto de
Derechos Humanos, para asignarle la facultad de presentar querellas en casos de
genocidio, tortura, desaparición y trata de personas.
Lo notable en este caso es la garantía de
imparcialidad del futuro organismo, cuyo consejo será integrado por dos miembros
designados por el Presidente de la República, dos por el Senado, dos
por la Cámara,
uno por los decanos de las facultades de Derecho, y cuatro por las instituciones
vinculadas a la defensa y promoción de los derechos
humanos.
La iniciativa quedará en condiciones de ser
promulgada y publicada en el Diario Oficial, momento desde el cual se
reabrirá por lapso de 6 meses un período
crucial, como es la calificación de detenidos desaparecidos,
ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura. El nuevo
organismo será una importante fuente de asesoría jurídica sobre la materia.
El resurgimiento en los medios de comunicación del debate sobre
la paridad de género en la administración del Estado coincide por estos días con
la publicación de algunos estudios internacionales referidos al tema. Obviamente,
este debate no es novedoso y por lo mismo amerita una contextualización
crítica, para evitar que ciertos discursos induzcan una errada percepción en
lectores y lectoras.
El informe que acaba de
publicar el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) constata que
las mujeres ocupan más que nunca cargos gubernamentales, pero el avance es
lento y fluctuante en países en desarrollo como el nuestro. Para el caso del
Parlamento, no alcanzaremos antes del año 2045 (límite de la proyección del
estudio) la llamada “zona de paridad”; o sea, que ni mujeres ni hombres
presenten más de 60% de representación.
En América Latina, la presencia femenina en cargos de poder
aumenta notoriamente desde 1990
a la fecha. Se pasa del 9% al 17% en el caso de la Cámara Baja; y de 5% a
12% en el Senado. Sin embargo, en Chile sólo hay dos senadoras de un total de
38 (5,2%); y 18 diputadas, de 120 (15%).
Por su parte, el Foro Económico Mundial, a través del
Índice de Paridad de Género, hace unos días clasificó a nuestro país en el
lugar 64 entre 134, apenas un puesto más arriba que en 2008. Ya que se atribuye
esta posición al “acceso político” de la mujer, es dable asociar este pequeño
avance al respaldo ciudadano ganado -no sin las descalificaciones de género que
todos recordamos- por la Presidenta
Bachelet.
El aspecto central del mencionado
informe de la ONU
se refiere al empoderamiento de la mujer en la política. Así, los países que
han incorporado mecanismos de cuotas de género para cargos de elección popular
han alcanzado mayor eficacia y eficiencia en la promoción de la participación
política femenina. Allí donde se aplica mecanismo de cuota electoral, la presencia
de mujeres alcanza hoy al 25%, mientras que los países que no incluyen este
sistema permanecen debajo del 15% de representación femenina.
Pese a los
antecedentes hasta aquí expuesto, vemos que prevalecen extraños argumentos
contra la Ley de
Cuotas que hoy se tramita con suma urgencia en la Comisión de Gobierno
Interior de la Cámara Baja.Engañosamente se dice que “no se trata de que las mujeres no sean igual de
capaces”, sino que “deben competir”. Pero se soslaya al sesgo machista que este
año volvemos a constatar en la designación de candidaturas al Parlamento.
Entonces ¿por qué no disponer de una Ley de Cuotas transitoria, hasta que la
clase política incorpore la importancia de este derecho de igualdad?
Hoy vemos que
países como España son señeros en la materia, porque a través de su ley de
igualdad busca la representación equilibrada de género en toda la administración,
fijando parámetros en la integración del gabinete ministerial. En América
Latina ya destaca el caso de México, que también aprobó una ley de cuotas para
el Parlamento y de los avances que tuvo Argentina desde que la incorporó.
El nivel de consenso ciudadano y
técnico apunta a señalar que la participación directa de las mujeres en la
adopción de decisiones públicas no sólo es cuestión de justicia democrática,
sino también un mecanismo para asegurar una mejor rendición de cuentas por
parte del Estado, las empresas y la sociedad hacia la mujer, sus derechos y
dignidad.
Tal parece que los Derechos de la Infancia no representan
un discurso suficientemente claro o que, a fuerza de parecer obvio, el tema no
amerita mayor discusión en nuestros medios de comunicación. Por de pronto,
estamos ciertos de que los niños y niñas están lejos de constituir partido
político, ONG o grupo de interés, y que ante el riesgo de que ciertos actos de
violencia pasen, en consecuencia, inadvertidos, nos corresponde alzar la voz
para dejar constancia de una situación funesta, que se agudiza por estos días
en la Región
de la Araucanía.
La Comisión que encabezo ha
recibido información de distintos supuestos casos de niños y niñas violentados
en el marco del denominado ‘conflicto mapuche’. Se trata de personas de entre 1
y 14 años de edad, en su mayoría afectados por asfixia causada por gas
lacrimógeno, aunque también se cuentan niños con crisis nerviosa y heridos por
perdigones. Este triste espectáculo ya es visible para el mundo a través de la
televisora BBC o algunos diarios globales, dada la sensibilidad internacional
por la situación. Para nuestra opinión pública, en cambio, el respeto a los
derechos infantiles parece estar supeditado a la posición que se tenga ante
este conflicto entre el Estado y las comunidades indígenas.
Aun cuando Carabineros figura en
casi todas las encuestas de percepción pública como una de las instituciones
más reputadas de nuestra sociedad, en meses recientes ha concentrado mayor
cantidad de reclamos por supuestos excesos como los mencionados en la Región de la Araucanía. El
apremio sufrido por un niño mapuche que, luego de ser reducido con perdigones,
fue supuestamente subido a un helicóptero institucional y amenazado, es una
situación que debe motivar la revisión de los procedimientos por parte de la
institución, a efecto de que Carabineros mantenga sus estándares de confianza
ciudadana.
El cambio de mando en la
IX Zona policial, registrado el pasado 17
de octubre, es un hecho auspicioso al respecto, pues se abre la posibilidad de
que Carabineros refuerce sus técnicas profesionales para garantizar así el
imperio del orden, y se distancie al personal uniformado que no se ciña a los
procedimientos establecidos. Aquí concierne aclarar, no obstante, que las
responsabilidades apuntan tanto al desempeño policial como al actuar de líderes
indígenas. Objetivamente, no todos los niños y niñas afectados corresponden a
un ‘daño colateral’ derivado del accionar desmesurado de ciertos uniformados.
En efecto, se ha registrado que algunos padres llevan a sus hijos a las protestas o tomas de predios, lo que está fuera de toda
responsabilidad. En consecuencia, procede hacer un llamado general para que se
respete la integridad física y psicológica de los menores de edad.
Ante
estas situaciones, Chile ha debido recibir recomendaciones de diversos
organismos, como el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos,
el Comité contra la Tortura,
y el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial
de Naciones Unidas.
La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, principal instrumento
de salvaguarda en el ámbito internacional, afirma la especial protección que
deben gozar los niños en cuanto sujetos de derechos y en cuanto seres
vulnerables y dependientes, sobre los que se repercuten de un modo más intenso
las consecuencias de estos actos de violencia. De la observancia de estos
principios depende la sustentabilidad de la democracia y la sociedad.
Mis hijas nacieron con una mujer Presidenta de Chile y ese
es un cambio cultural muy grande. Creo que aún es temprano para sopesarlo.
Hoy se ha transversalizado la temática de género en las
diversas políticas. Algunas más efectivas que otras, lo importante es que cada
nueva política es analizada desde el punto de vista de cómo afecta a las
mujeres.
El caso de la reforma previsional es un gran logro. Hasta
ahora, la mujer era abordada de dos maneras: O se le consideraba una carga del
marido y así se le trataba, como un accesorio al que se le debía algo de
misericordia, o se le trataba bajo la óptica de la igualdad legal, pero no
real. Los sistemas de pensiones nunca la consideraban en su individualidad
propia, con su dignidad, pero considerando también su especificidad, como por ejemplo
que tenemos mayor esperanza de vida, que salimos y volvemos del mercado laboral
en la época de hijos pequeños, o que el trabajo en casa es un trabajo pesado
que merece reconocimiento.
Se ha desarrollado un esfuerzo enorme en educación pre
escolar y las 900 salas cuna por año. Estoy segura que sólo el paso del tiempo
logrará dimensionar los alcances de este adelanto.
Y pasa en las políticas de violencia intrafamiliar. Hoy se
habla de femicidio porque la
Presidenta habló de femicidio. Antes la violencia de género era
tratada sarcásticamente como “crimen pasional”.
Y pasa en el trabajo: Por primera vez hemos superado el 40%
de participación femenina en la fuerza de trabajo.
En fin, son muchas las políticas, algunas con
insuficiencias, otras exitosas.
Pero lo concreto es que siento que la mirada de mujer atraviesa
todo el campo de la acción del gobierno. Y eso es lo importante, porque en el
fondo, significa que nuestra mirada es la que se ha incorporado al concepto de
la política y la política pública.
Como la lucha por los derechos es continúa y a medida que se
van alcanzando logros hay que ir avanzando por más. Aún nos queda mucho que avanzar en el tema cultural,
cómo compartimos el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. Porque para
que las mujeres estemos más integradas en el mundo público tenemos que
compartir las tareas en el mundo privado y eso sólo lo podemos lograr con un
cambio cultural que involucre a hombres y mujeres, ese creo es parte de
nuestros nuevos desafíos. Creo necesario ampliar el pos natal a seis meses pero
flexibilizar el compartir este beneficio con el padre de la guagua.
La violencia contra las mujeres recrudece y ocupa espacios
en los medios de comunicación. Sin embargo, no se ha tipificado el femicidio
como crimen de género, y los tribunales no aplican las medidas de resguardo en
los casos necesarios.
La anticoncepción de emergencia nos
ha sido negada por un fallo del Tribunal Constitucional, a pesar del apoyo
social mayoritario a su distribución y nadie puede hacer nada.
Las mujeres ganamos un 30% menos que el salario de los
hombres por un mismo trabajo. Accedemos mayormente a trabajos precarios, a
menudo sin contrato laboral ni prestaciones sociales.
El aborto terapéutico sigue
penalizado, poniendo en riesgo la salud de muchas mujeres en Chile.
La violencia sexual contra mujeres y
niñas permanece impune y muchas veces en silencio.
Las Isapres nos cobran el “impuesto
al útero” en nuestra edad fértil, transgrediendo nuestro derecho a la salud
sexual y reproductiva.
Aún la representación de las mujeres
en los puestos de poder es significativamente menor que los hombres. El sistema
político nos excluye a todas, y el binominalismo es discriminatorio. De la
paridad en el primer gabinete ministerial pasamos a la mínima representación en
las candidatas a parlamentarias en esta elección. Y nadie se cuestiona donde
están las mujeres.
Queremos que los temas de nuestra
realidad de género estén presentes en las políticas públicas y propuestas de
país. Queremos mujeres en el parlamento que luchen por los derechos de otras
mujeres.
El Estado chileno no ha ratificado
el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) ni ha
adecuado la legislación nacional a los instrumentos internacionales de derechos
humanos con los cuales se ha comprometido.
Como mujeres socialistas, no estamos dispuestas a retroceder ni un paso en lo ya logrado con los
gobiernos de la
Concertación.
Si asumimos un quinto
gobierno será para avanzar en equidad de género y jamás para mantener un status
quo o retroceder.
Consideramos indispensable avanzar en:
1.Eliminar
o reducir la discriminación en contra de las mujeres, ya sea entre mujeres y
entre hombres y mujeres:
a. Ampliar los derechos y responsabilidades de las mujeres en el ámbito público
y de los varones en el ámbito privado, contribuyendo a hacer más igualitarias
las relaciones entre los géneros. Fomentar e incentivar la representación
equilibrada entre hombres y mujeres en cargos de jefatura y responsabilidad
directiva.
b. Mantener la paridad, no solo como una expresión de voluntad política sino
que a través de una Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que
incluya la ley de cuotas, entre distintos aspectos.
c. Contribuir al empoderamiento de
las mujeres como sujetos sociales, y en tanto protagonistas del desarrollo de
las familias, la comunidad y la sociedad toda y al desarrollo de sus
potencialidades en el ámbito cultural, artístico, académico, científico y
tecnológico.
d. Fomentar e incentivar la mayor
participación laboral de las mujeres, en condiciones de “trabajo decente”.
e. Aumentar las políticas de empleo
femenino y de emprendimiento y crédito de las mujeres.
f. Fomentar e incentivar políticas
especificas dirigidas a mujeres pertenecientes a pueblos originarios y de zonas
rurales.
2.Derechos
sexuales y reproductivos: Ley marco que incluye desde la educación sexual, el
acceso universal a la PAE,
la despenalización del aborto por razones de salud. Ratificación del Protocolo
Facultativo del CEDAW con todo lo que involucra para hacerlo efectivo.
3.Generar
condiciones para la conciliación y corresponsabilidad de la vida privada y laboral:
obligatoriedad e incentivos para que los hombres asuman la responsabilidad
compartida en la familia (fortalecer los permisos de paternidad y por
enfermedad de los hijos), ampliar la red de salas cuna y jardines infantiles
para niños/as de clase media, modificar el derecho al cuidado infantil para que
sea indistintamente reconocido a madres y padres trabajadores y estudiantes,
flexibilización del postnatal.
4.Recursos
para la Ley de
Violencia y los Tribunales de Familia, atención interdisciplinaria para
terminar con la violencia hacia las mujeres.
5.Reconocer
el valor del trabajo reproductivo que realizan las mujeres mayores igualando
las pensiones con los montepíos y desarrollando oferta programática que asegure
apoyo al respiro en el cuidado de los demás miembros de la familia.
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